Aunque estamos bastante acostumbrados a que las grandes compañías hagan lo que se les viene en gana sin darnos explicaciones y saltándose las muchas normas del consumidor, que la OCU y otros organismos velan porque se cumpla, sin a veces contar con el respaldo político merecido, no está de más poner de manifiesto este tipo de casos, para no evitar al menos que la gente se indigne al saber que es una injusticia.
Estos días, precisamente la OCU comenzó una demanda contra los principales operadores de telefonía móvil por las permanencias que aplican a sus usuarios, las cuales consideran a todas luces injustas, y sobre todo, perjudiciales para la libre competencia, el libre mercado y que penalizan el ahorro en la economía doméstica. Pero las operadoras no parecen aprender la lección. Tras la rectificación a última hora de no cobrar por la factura de papel, y habituarse a eso de las portabilidades en 24 horas, ahora lo que hacen los operadores para dificultar que nos vayamos de empresa es precisamente impedir liberar el terminal móvil.
Facua llegó en 2010 a la conclusión tras una demanda del estilo de que los operadores debían liberar los teléfonos si el cliente estaba al corriente del pago, independientemente de que tuviese o no permanencia con la empresa de telefonía. La ley nos da la razón. La liberalización es gratis y es un derecho. Pero las compañías ponen mil trabas a los clientes para hacerlo, y amenzan que si lo desean a toda costa, tendrán que pagar una penalización. Y de momento, parece que esto impera, pese a que sea ilegal. ¿Hola tribunales?
Imagen | Yutaka Tsutano
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